Por Evelyn Ortiz

Ni siquiera el hombre más protegido de Colombia, el presidente Alvaro Uribe, se libró de que un par de ladrones retirara de su cuenta bancaria el equivalente a 4 mil 225 dólares americanos.
Una funcionaria del palacio de Nariño dijo que Uribe, custodiado por más de un centenar de escoltas y un sistema de seguridad satelital instalado por Estados Unidos, fue víctima del robo a través de cajeros automáticos tras perder, un par de días antes, sus documentos durante un encuentro con empresarios.
Al día siguiente de la reunión en Bucaramanga, capital de Santander, la secretaria de Uribe recibió una llamada del banco informando sobre una serie de inusuales retiros de la cuenta personal del Primer Mandatario.
Cuando la funcionaria avisó al presidente fue que este se percató de que había perdido su billetera en la que portaba su documento de identidad, al menos una tarjeta para realizar operaciones bancarias con su respectiva clave para ejecutar retiros y un salvoconducto para porte de armas.
Posteriormente la policía realizó un operativo en busca de los delincuentes y detectaron que habían realizado operaciones en más de 32 cajeros automáticos solo 2 días por 12 millones de pesos colombianos, el equivalente a unos 36 salarios mínimos mensuales.
Aún no se ha determinado si la billetera fue hurtada o si fue extraviada en el momento en que Uribe se quitó el saco y se lo entregó a uno de sus escoltas para tomarse fotos con unos niños que estaban en el evento.
Con base en vídeos de seguridad de los cajeros, la policía rastreó y capturó a los ladrones y pudieron recuperar el botín. Sin embargo, el mandatario, caracterizado por su discurso de línea dura contra los grupos de guerrilleros izquierdistas y de paramilitares de ultraderecha que participan en una guerra interna de casi cuatro décadas, pidió a las autoridades dejar en libertad a los malhechores.
“Es gente pobre, hay que darles una nueva oportunidad”, dijo, haciendo inevitable recordar su slogan de campaña presidencial: “Mano firme, corazón grande”.
Los principales responsables de los disturbios sociales que ocasionaron 34 muertos y 205 heridos en febrero pasado en Bolivia son los policías que se insubordinaron contra el gobierno. Así lo afirmó el secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, César Gaviria, al entregar un informe de la investigación que realizó al respecto el organismo multinacional.
El documento asegura que se trató de “una insubordinación de miembros de la policía” y no de una insurrección popular. “Este informe considera que lo ocurrido... es una insubordinación de miembros de la policía contra la constitución y las leyes bolivianas. Una insubordinación que quebrantó las instituciones políticas, de acuerdo con el ordenamiento jurídico boliviano y según la carta democrática interamericana”, señala el documento.
El texto señala que la amplia mayoría de la población boliviana siguió “atónita” los acontecimientos, y que no apoyó “salidas inconstitucionales”.
“Si este país quiere conservar su democracia no puede ser complaciente con estos hechos”, dijo Gaviria, quien llegó a La Paz para entregar los resultados de una investibación que efectuaron en Bolivia expertos de Brasil, Colombia y Estados Unidos

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